jueves, 3 de agosto de 2017

ASALTAR LOS CIELOS SIN PASAR POR LA TIERRA

Ricardo González Villaescusa
Levante-EMV 3 de agosto de 2017
 
Si el patrimonio es el uso contemporáneo que un colectivo social hace de su pasado, este uso traduce buena parte de la representación colectiva presente de una sociedad y de sus perspectivas de futuro. Pasados dos años de las elecciones que cambiaron el escenario del poder territorial en algunas de las principales ciudades españolas y comunidades autónomas, es posible reflexionar sobre qué futuro reservan los partidos emergentes a un pasado enfrentado a la idea de modernidad.

Ciudades tan emblemáticas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alcalá de Henares o Cartagena y comunidades autónomas como la catalana o la valenciana han visto transformarse la situación política. La tendencia ha sido la formación de gobiernos socialistas que han contado con el apoyo de las fuerzas políticas emergentes o, en ocasiones, como en Barcelona, son los socialistas que apoyan a En Comú Podem. Los programas de gobierno de estos grupos son explícitos en cuanto a los grandes objetivos generales que pueden consultarse en sus sitios de internet. Los comunes muestran en su programa la intención de “blindar los servicios públicos”; la CUP tiene como objetivo manifiesto “substituir el modelo socioeconómico capitalista por otro nuevo”; en Valencia, Compromis, pretende “superar las carencias del modelo económico vigente”. Sin embargo, en el tema patrimonial estamos más cerca de valores posmateriales del liberalismo de izquierda como intentaré demostrar. Aunque proporcionar “munición argumentativa de utilidad para los sectores más reaccionarios” (Manuel Cruz, Travesía de la nada. Reflexiones sobre el argumentario independentista, 2016) no figure entre mis intenciones, hay sobradas razones para creer que las coaliciones citadas olvidan cuestiones medulares del patrimonio cultural, si bien, no es en mayor medida que en las fuerzas políticas tradicionales.

Tras consultar con diferentes amigos, colegas y empresarios de las más importantes plazas citadas me han transmitido un mensaje poco esperanzador. La situación económica es crítica (la deuda de la Comunidad Valenciana alcanza el equivalente de tres anualidades presupuestarias), pero es amargo constatar que la crisis económica culmina una crisis de valores que, por definición, hace mella en el patrimonio cultural, mediatizado por ideales y necesidades no materiales. La política cultural se centra en el teatro, el cine o las exposiciones y el patrimonio cultural se encuentra supeditado al medioambiente y, a lo sumo, al interés patrimonial del karma del “turismo cultural”: una disciplina histórica al servicio del crecimiento económico. Errores de bulto como la demolición del convento de las Damas Apostólicas de Madrid, están originados más por una devaluación de los requisitos de protección legal del patrimonio que indujo la reforma de la ley de la Comunidad de Madrid en 2013, que por el alegado “error burocrático”, siendo paradójico que sea una movilización ciudadana la que paralice el avance del derribo. Hay una tendencia a que las actividades culturales tengan un lógico cariz identitario, mayor en Cataluña, y un uso memorial del pasado. Las justificadas intervenciones arqueológicas en las fosas de represaliados por el franquismo, el oportuno acto de reivindicación de la figura de Negrín o la próxima celebración del 80 aniversario del “II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura”, son buenas muestras de una concepción de la Historia a remolque de un memorialismo, que asume “los sueños que en el pasado tuvieron los nuestros como nuestro propio insuperable horizonte de expectativas” (M. Cruz, Adios, historia, adiós, 2012).

La síntesis de algunas de esas políticas se concita en una comunidad como la Valenciana donde se hace la mayor apuesta posible, un cambio legislativo de la misma Ley de Patrimonio que se encuentra en trámite, mientras que el esperado Reglamento Regulador de las Actividades Arqueológicas permanece olvidado. Sólo podemos felicitar que el borrador público que se pretendió poner en marcha al principio de la legislatura instaure una acreditación de los servicios arqueológicos municipales para poder intervenir en la arqueología local. Pero es del todo inadmisible que las empresas de arqueología queden redimidas de dicha acreditación y que la figura del promotor sea el interlocutor ante la administración, en lugar del titulado superior en materia de arqueología y/o patrimonio, único responsable de los resultados científicos de la misma. Una prueba más de que “el capitalismo se ha quedado solo” en afortunada expresión de Manuel Cruz.

En un contexto de crisis puede entenderse la mísera cifra destinada al patrimonio en las cuentas públicas de los últimos presupuestos de la Comunidad Valenciana. Cantidad apenas remediada por un improvisado “Plan de Inversiones en el Patrimonio Cultural” de cuatro millones de euros para dos ejercicios, a todas luces desequilibrado territorial y temáticamente, además de una clara finalidad aplicada al turismo cultural. Inconscientemente, espero, el “Plan” anunciado confirma la “crisis silenciosa” que pone la educación y la cultura al servicio de la competitividad global y de la capacidad de generar renta (M. Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010). No puede compartirse la ausencia total de ideas que denotan las principales actuaciones tendentes a la recuperación de la Dama de Elche, propias de un decimonónico afán identitario. Un ejemplo más de una huida hacia atrás inspirada por una geopolítica utópica que pretende restituir el tiempo en que algo pudo ser y no fue. Mientras que el ejecutivo valenciano implora la vuelta del busto ibérico a la ciudad de Elche, olvida completamente en el citado “Plan de inversiones” el rico patrimonio ibérico de la Comunidad.

Es cierto que hay pocos recursos económicos y no es menos cierto que el turismo cultural ofrece una utilidad social que puede contribuir al desarrollo económico de los territorios, pero la rentabilidad no puede ser el motor de las políticas patrimoniales. Lamentablemente, la práctica política cotidiana de los dos últimos años del social-liberalismo y de las fuerzas anticapitalistas dan diariamente la razón a Francis Fukuyama. En un peligroso atajo discursivo asumen que sin dinero no hay política posible y la diferencia entre las formaciones conservadoras y progresistas se sustancia en el peso y color de las dotaciones presupuestarias destinadas a las políticas evidentes: la iglesia que se cae o el trámite de una excavación preventiva.

Así, acaban convertidos en notarios de una realidad presente en la que no pueden influir, para mirar atrás, hacia un pasado reciente no deseado que pospone indefinidamente el imperativo político de transformar la sociedad aquí y ahora.