martes, 21 de agosto de 2012

DE CASTILLOS, MOROS Y SERPIENTES DE VERANO

Tramo de las murallas de Xàtiva
Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 21 de agosto de 2012

Más allá de nuestra puntual contribución en estas mismas páginas al debate sobre la cronología del “Castell de les 300 torres” de Onda, con el artículo de opinión ¿Reinos de Taifas? (Levante-EMV, 24-04-2011), la exhibición en las Torres de Quart de una reciente muestra de los trabajos prácticos de castellología de los alumnos del benemérito arquitecto Manuel Ramírez, ha constituido el fermento original suficiente para espolearnos a reunir negro sobre blanco y ordenar ahora en pleno ocio canicular, nuestros propios pensamientos en torno a la irredenta problemática de los arruinados castillos de las tierras valencianas y sobre su incierto futuro. 

Planes de recuperación autonómicos sobre “els nostres castells” (Levante-EMV, 10-10-2008), en feliz titular de Vicent Álvarez, anunciados por mediáticos turiferarios en pasados años de vino y rosas de la Generalitat, caídos uno tras otro en saco roto, como los mismos derrumbados tapiales, mampuestos o sillares de los más de 300 recintos castrales diseminados a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. 

En este erial patrimonial, tampoco faltan ilustrativas “serpientes de verano” como el memorable anuncio, digno de los anales de la mejor “arqueología cranck”, ya hace más de un lustro, de restauración inmediata del castillo de Corbera gracias a la filantropía privada de un misterioso magnate árabe, con familia en Alzira para más señas, dispuesto a donar benéficamente hasta 6 millones de euros para rehabilitar esta emblemática fortificación de la Ribera (Levante-EMV, 5-07-2005), en manos públicas después de que en 2003 la Diputación de Valencia indemnizara a con 270.000 euros a sus últimos propietarios. 

El impagable culebrón estival continuaba al día siguiente desvelando en este mismo diario, para pasmo de los lectores, que “el mecenas árabe.... es un magnate del petróleo”, sobre la base de los barruntos de un vecino alcireño intermediario, con el entonces alcalde de Corbera, donde los orígenes islámicos de esta fortaleza medieval, habrían resultado claves para que el ya millonario empresario saudí, dueño de negocios petrolíferos, hubiera decidido apostar por su completa recuperación arquitectónica, apostillando dicho primer edil “Esto va en serio”, con un 90% de posibilidades de éxito. 

La euforia colectiva se esfumaba por completo al tercer día, como el oro negro del inexistente emir, en un giro teatral más propio del genio de la lámpara de Aladino. En realidad resultó ser poco más que una ocurrencia de un historiador aficionado local sobre la lejana posibilidad “en pañales” de que estados de la Península Arábiga en ocasiones pudieran conceder ayudas económicas “cuando les gusta un inmueble de este tipo”. Aduciendo, como único argumento de peso a su favor, que cuando el secretario de la embajada saudí visitó Alzira con motivo de la inauguración de la escultura de Ibn Tomlús, pudo conocer la alcazaba de Corbera “y le gustó” (sic) (Levante-EMV, 7-07-2005).

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Finalmente parece ser que se llegó a preparar un dossier con fotografías de este maltrecho castillo e inscripciones coránicas al uso, para remitir a embajadas de países árabes… y el asunto terminó por pasar a formar parte del sueño de los justos. 

Anécdota que puede erigirse en ilustración del estado actual de general abandono institucional de nuestro patrimonio arquitectónico militar andalusí y feudal, salvo honrosas excepciones como entre otras la mansión señorial de Beselga (Estivella), el “Palau del Baró” de Riba-roja, el expropiado “Castell” de Alaquàs o la restaurada torre mora de Torrent, que, al igual que el eclesiástico amortizado, del que ya nos ocupamos en una entrega anterior “¿El Patrimonio Eclesiástico…es sagrado?” (Levante-EMV, 5-11-2011), requiere de nuevos usos al servicio de la sociedad civil y del ordenamiento del territorio rural, al margen de fantasías orientales, mientras San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes, se decida a abrir de nuevo la faltriquera anticíclica de las inversiones públicas.

jueves, 16 de agosto de 2012

PRIMER ERE EN UN SERVICIO PÚBLICO DE ARQUEOLOGÍA

Reproducimos el artículo de opinión del catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz sobre la desaparición de la Unidad de Arqueología de la Delegación de Urbanismo. Un ERE que afecta, creemos que por primera vez, a un servicio público de la Arqueología. En la década de los 80 del siglo XX se creaban servicios arqueológicos municipales en 2012 se suprimen. Nos tememos que no será el último.

Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz
Diario de Jérez, 15 de agosto de 2012

D. Ruiz Mata
Como he conocido por los medios de comunicación y el informe de Deloitte, el Ayuntamiento de Jerez –sus delegados-, con el escudo protector de esta  consultora y las indicaciones eficaces de los técnicos de las distintas áreas, han elaborado una RPT  más un ERE y algo más para el despido de 300 trabajadores municipales, sin que se conozcan los criterios objetivos, justos, ponderables y convenientes para los resultados finales. Ha sido tan inconsistente el trabajo, conocido mediante este informe, tan difusos los criterios, que esta RPT y ERE serán recordados como el espectáculo más lamentable  y oscuro que un ciudadano, como yo, recuerde. Si lo que se pretendía es dar ejemplo de transparencia, objetividad, de criterios justos y de conveniencia para la ciudad, que es de lo que también se trata, el resultado ha sido todo lo contrario. Es decir, se ha elaborado un modelo que cualquier institución, que se encuentre en dificultades, no debería seguir. Es lo que se desprende del anuncio de ERE el pasado Viernes de Dolores –día muy significativo- de los procedimientos, de las numerosas noticias periodísticas –, de los afectados y del informe de Deloitte entregado meses después, con muchos porcentajes, escasos  y vagos criterios y argumentos. La estadística, los gráficos y la verborrea parecen justificar lo injustificable. Lo más importante de él es la lista de los despedidos, ya decididos por los delegados municipales con los nombres señalados por los técnicos de área. Así consta en el informe que sostengo en mis manos, que manifiesta lo mal que se puede gestionar un ERE. No tomen de aquí ejemplo, por favor. Miren a la ciudad, a sus necesidades y a su futuro, que se les ha olvidado. Y después, el ERE.

Siendo tantos los despropósitos, voy a referirme aquí sólo al de la desaparición de la Unidad de Arqueología de la Delegación de Urbanismo. Veamos la situación. Jerez posee uno de los términos municipales más extensos de España y de gran potencial histórico y arqueológico, y una ciudad plena de pasado en el subsuelo y el emergente. Tan importante es este aspecto que así queda reflejado en el PGOU –Título IX, capítulo 7-, al que dedica muchas páginas y disposiciones al tema arqueológico, recogiendo un trabajo prolijo de años, que es la Carta Arqueológica Municipal, base del PGOU. En el Art.9.7.9 –“Procedimiento Administrativo: Normas de tramitación y medidas adoptadas en licencias de obras sujetas a cautelas arqueológicas”- se menciona a la Unidad de Arqueología del Ayuntamiento  -eliminada- para la elaboración de numerosas tareas. Por eso es mayor mi sorpresa cuando me informan de su desaparición. Inaudito. Soy consciente del orgullo que Jerez siente por su patrimonio, como reflejan las instituciones,  los ciudadanos y  las  actuaciones que se realizan de investigación, conservación,  difusión y  proyección económica hacia Turismo Cultural. Y diría que incluso el “personal técnico” –los consultados- de la Delegación de Urbanismo es consciente de esto.  Por ello, cuando se lee en el informe de Deloitte que los nombres de los despedidos provienen de sus indicaciones, me cuesta creerlo por incoherente, injusto, gremialista e indecente. Deberían ser los criterios justificados los que  determinen esta supresión de la Unidad de Arqueología. Lo que supone una contradicción con el potencial histórico y arqueológico de la ciudad y su entorno, la visión política  del patrimonio como factor  económico y la realidad que refleja el PGOU, redactado con gran minuciosidad. Acaso, puede ser, los Licenciados en Historia (Sección de Prehistoria y Arqueología) de esta Unidad son incompetentes y desconocedores de su profesión. Lo que habría que demostrar. Y si es así, quedan justificados sus despidos.

También se puede objetar: debido a la existencia del Museo Arqueológico Municipal, la Unidad de Arqueología no tiene sentido y sus competencias las asume el museo. Parece la solución que se ha dado al tema, más fácil, aparentemente justificable, pero a corto plazo ineficaz. Cuando en los próximos meses abra sus puertas el Museo, tan reclamado por muchos ciudadanos, ¿cómo se podrá atender a las funciones administrativas y difusoras obligatorias de esta entidad, a los visitantes, que serán muchos, a los numerosos colegios,  a los talleres educacionales y un largo etcétera propios de un museo? ¿Se podrá compaginar todo ello con la gestión de la realidad histórica y arqueológica que nos ofrece el PGOU? Francamente creo que no. De ahí resultará una chapuza, una solución improvisada carente de base real. En tanto, otro Ayuntamiento, el de Cádiz, gestiona  y valora su patrimonio arqueológico invirtiendo casi dos millones de euros en la restauración y valoración de los restos fenicios del Cine Cómico. Paradójico.

Se podría y debería haber mantenido esta Unidad de Arqueología, no por lujo sino por necesidad. Un lujo es, por ejemplo, tanto empleado en otras Delegaciones  y en prensa, como detalla Deloitte. En este último son 13, según leo en El Mundo, mientras que en el Ayuntamiento de Cádiz son 4, e incluso menos tiene la Universidad con  más empleados y más que comunicar.

De lo que infiero y termino: el Patrimonio interesa poco, ni siquiera sus factores culturales y económicos, que la arqueología debe molestar mucho en determinadas áreas técnicas, que la conservación del pasado y su difusión no es sólo orgullo sino un deber, una necesidad e inteligencia para su gestión y proyección productiva y de empleo. No hay justificación estadística para la supresión de un servicio que, pese a muchos, también trabaja sobre realidades económicas. No, no ha habido justificación, sólo  desconocimiento y visión nula de los beneficios que el Patrimonio reporta y Jerez necesita. Descanse en Paz.

martes, 14 de agosto de 2012

ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Venecia, donde se van a vender algunas propiedades. © EL PAÍS
Se dice que la mejor manera de conservar un viejo edificio histórico es atribuirle  una nueva funcionalidad. Un patrimonio en desuso es la mayor garantía de su degradación. Ahora bien, es imprescindible que la nueva función del viejo edificio sea compatible con los principios que rigen la conservación y el disfrute del patrimonio histórico por todos los ciudadanos.

Ya hemos abordado este delicado tema en diversas entradas de este blog. Si la enajenación del patrimonio empresarial del estado es arriesgada y siempre resulta sospechosa y poco transparente, el riesgo y la sospecha, cuando se trata de un bien histórico, es aun mayor. Por definición no es renovable y puede perderse irreversiblemente. 

Esta crisis está afectando doblemente al patrimonio. De un lado, los escasos recursos no se dedican a protegerlo o restaurarlo, el patrimonio se encuentra claramente en peligro, aunque el tiempo no entiende de crisis y la institución atemporal que es la Iglesia se desentiende de su patrimonio en ruinas ante la presión de los poderes públicos por cobrar el IBI a la Iglesia o por las solicitudes de las administraciones para que se ocupe de las ruinas que pueblan el mapa español. Por otro, atrae la atención de los dirigentes de los PIGS hacia los bienes históricos, en los que son especialmente ricos, aunque no precisamente para convertirlos en motor de un desarrollo cultural y económico a medio y largo plazo, sino para obtener dinero rápido por su venta a quienes pueden comprarlo y, por consiguiente, disfrutarlo privativamente. No es seguro que en Italia la subasta de bienes patrimoniales pueda compensar las pérdidas provocadas por otros gastos más onerosos, y probablemente más inútiles, reduciendo así el déficit público. La certeza procede, no obstante, de la evidencia de una pérdida de la titularidad estatal de bienes que pertenecen a todos, no solamente como consecuencia de su clasificación y protección pública, sino también a raíz de su ontogénesis, fruto del trabajo de clases desfavorecidas en beneficio de los señores de la Italia de las señorías y repúblicas. 

El acto de apropriación pública por el que las naciones construyeron su identidad con la ayuda del concepto del patrimonio histórico, clasificado, inventariado, protegido..., sufre una retrocesión en beneficio exclusivo de unos pocos. Los palacios vuelven a ser de las élites y la Ciudad prohibida imperial de Pekin se torna en "Ciudad exclusiva". Paulatinamente, todo vuelve a su sitio y despertamos del sueño en que "lo público" era garantía de justicia social.

En realidad no hay tanta diferencia entre los pauperizados funcionarios griegos que se convierten en cómplices de redes de enajenación de bienes patrimoniales muebles, los corruptos funcionarios chinos que organizaban fiestas privadas para los nuevos ricos del sistema y el gobierno tecnócrata de Mario Monti. Es solo cuestión de escala. Y de poder legislativo para modificar las leyes de suerte que la actividad no sea delictiva.

  • El Gobierno de Monti plantea subastar 350 edificios históricos
  • El último plan de enajenación de inmuebles quedó por debajo del objetivo
Lucia Magi, El País, Roma 13 de agosto de 2012

Las grandes empresas, las fundaciones de arte o los fondos de inversión que quieran disfrutar de un escaparate en la orilla del Gran Canal de Venecia o en el prestigioso barrio de la moda de Milán pueden considerar abierta la temporada de compras. El Gobierno italiano va a poner a la venta 350 inmuebles históricos propiedad del Estado y que se encuentran vacíos. El presidente del Ejecutivo, Mario Monti, y su ministro de economía, Vittorio Grilli, buscan la forma de inyectar en las arcas públicas entre 15.000 y 20.000 millones anuales para reducir la deuda pública hasta que represente el 100% del producto interior bruto (PIB), 23 puntos por debajo de donde se encuentra ahora.

Después de recortar el gasto público —por ejemplo, el viernes el Consejo de Ministros decidió el cierre de 31 tribunales—, introducir el impuesto sobre la vivienda, reformar el mercado laboral y el sistema de pensiones, en el último tramo de legislatura, Monti necesita atacar la enfermedad crónica de la economía italiana: la deuda. No puede escaparse. Italia debe a sus acreedores 1,9 billones de euros. El país está en la línea del fuego junto a España: los mercados dudan que pueda ser solvente.

Así que la reducción de la deuda va a centrar las labores de otoño de los tecnócratas. Se lo piden los gabinetes de asesores, los economistas y también los partidos en el Parlamento. Monti debe frenar el aumento de un lastre que se pone cada minuto más pesado (era el 104% del PIB en 2008, hoy el 123%) para evitar ulteriores rebajas de las agencias de calificación de deuda, mostrarse serio ante los inversores y quizás esquivar el rescate y la firma de compromisos que pondrían en peligro la siempre frágil situación política. Entonces, habrá cumplido con su misión, que, para usar una expresión de Romano Prodi, era la de “desmontar Italia como si de un mecano se tratara y volver a construirla desde principio”. El professore de Bolonia, jefe de un Gobierno que abarcaba a más de 10 partidos, no pudo con ello. El professore de Milán lo está intentando.

Las joyas de la familia


Unas de las soluciones hasta ahora diseñadas consiste en vender las joyas de familia. Roma es propietaria de inmuebles vendibles por 42.000 millones de euros, según relevó la relación sobre el patrimonio inmobiliario preparada el año pasado por la Caja Depositi e Prestiti, propiedad de Hacienda en un 70%.

El momento no es favorable a las compraventas de casas y, menos, de castillos. A finales de 2012 el volumen de negocio del sector inmobiliario cayó un 92% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según la compañía Real Capital Analytics. No sería la primera vez que Italia intenta hacer caja liquidando sus palacios sin mucho éxito: el fondo Immobili Pubblici ganó 860 millones de euros con la subasta de 140 edificios. Pero había puesto a la venta 394 locales, por un valor total de 3.500 millones. En Bolonia, por ejemplo, se puso a la venta el enorme convento de las Carmelitas Descalzas, de 4.000 metros cuadrados, más patios y soportales. Al finalizar la subasta no había conseguido ni una sola oferta. De los 13.000 millones de precio de salida, se fue rebajando hasta 9.900. Pero tampoco así levantó nadie el brazo para hacerse con este bien inmueble.

Sin embargo, muchas de las propiedades de la pasada tanda de ventas estaban ocupadas y el Estado solo quería liquidez inmediata para seguir pagando el alquiler. Se trataba, para los inversores, de una fuente segura y continua de dinero. Ahora es distinto: los 350 edificios de la lista están vacíos y se pueden ocupar. Los tecnócratas italianos confían en que las firmas puedan verse atraídas por la perspectiva de abrir una sede prestigiosa y con encanto. Por ejemplo, en el Castillo Orsini en Soriano al Cimino, en la región de Lazio (centro), que fue construido por el Papa a mediados del siglo XIII. O en el palacio Diedo en Venecia, construido en el siglo XVIII en pleno Sestiere (los barrios venecianos) Cannaregio, sede de un juzgado hasta hace pocos meses. Precio: 19 millones. Pero hay 17 edificios más en la ciudad lagunar. Milán vende 100 locales, incluido el palacio Bolis Gualdo por 31 millones, en la calle Bagutta de Milán, la zona de la moda más importante del mundo. Los negocios también son cuestión de imagen.