domingo, 6 de noviembre de 2011

EL PATRIMONIO ECLESIÁSTICO… ¿ES SAGRADO?

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, sábado 5 de noviembre de 2011
Iglesia de St. Miquel de Morella


La doble entrega de un reciente artículo aparecido en la web canadiense francófona CapAcadie.com "Le patrimoine religieux, c´est sacré!” de Serge Comeau, nos ha abocado ineluctablemente, a la tesitura intelectual de fijar el campo de visura analítica sobre el patrimonio histórico eclesiástico, cuando aún se vive la resaca emocional de la gran “rave” devota de la JMJ de Madrid. 

En esencia, vendría a sostener el católico autor que existe una responsabilidad colectiva en lo que se refiere al patrimonio de San Pedro, en la medida en que ha contribuido a lo largo de los siglos a la constitución de identidades nacionales e incluso a la formación de paisajes culturales específicos. Así una iglesia sería además que un lugar de culto, un testimonio de la historia particular de un territorio dado. Valores a los que se añadirían en muchos de estos edificios confesionales otros de carácter social, cultural o comunitario. 

Por todo ello en una búsqueda común de soluciones, Comeau propone aceptar eventualmente la reconversión de los templos vacíos o excedentarios, o lo que es lo mismo, que un lugar de culto pueda tener nuevos usos y funciones. En otras palabras una nueva (ad)vocación e incluso unos nuevos propietarios, juzgando que ese es el precio que hay que pagar por la preservación de este tipo de patrimonio religioso, al encontrar imposible pedir a la Iglesia conservar todo aquello que ya no le es necesario para cumplir su misión pastoral, dado que existe un excedente de infraestructuras en relación con las necesidades actuales de sus acólitos en franca decadencia demoscópica. 

... y donde antes curaban almas, ahora se curan los cuerpos!
Así pues, con el fin confeso de lograr la pervivencia futura del patrimonio religioso cristiano, aconseja este arbitrista que algunos edificios hayan de ser restaurados para servir a nuevos fines culturales, mientras otra parte de ellos podría ser destinada a nuevas vocaciones públicas, tales como la de biblioteca en Edmundston (New Brunswick), o la reciclada catedral presbiteriana de Edimburgo (Escocia), aducida recientemente como modelo de sostenibilidad por el sociólogo José Manuel Iribas. En nuestras tierras, podríamos reivindicar el centro de salud  acomodado en los años ochenta por el arquitecto Francisco Merino en la antigua iglesia de Sant Miquel de Morella

Planteamiento genérico del estado de la cuestión que los firmantes, salvo asuntos nimios de detalle, compartimos en cuanto a la esencia y las consecuencias que pueden derivarse del mismo. Si la Iglesia Católica no puede hacerse cargo del oneroso sostenimiento pecuniario universal de un patrimonio histórico que es de todos, entre otras causas porque en palabras de Laureano Robles “el declive de la Iglesia se ha producido por su gran pobreza intelectual” (Levante-EMV, 4-12-1998), ¿por qué no asumir su propiedad entre todos? Ahora bien, como contrapartida la Iglesia debe usar nuevos espacios cultuales con aforos redimensionados, lo que por otra parte ya viene haciendo en rehabilitaciones arquitectónicas del patrimonio industrial, como en el caso de la iglesia de los Santos Mártires ubicada en la antigua nave de la Cros de Valencia (Levante-EMV, 1-11-2010). 

En realidad se podría “traducir” esta tesis patrimonial como una “Nueva Desamortización Cívica” del patrimonio inmueble eclesial obsoleto, a cambio de inéditos ámbitos recuperados e innovadoras construcciones modernas para la menguante feligresía del siglo XXI. 

Por el contrario, entre nosotros, al margen del amago de polémica valenciana en torno a la financieramente ruinosa Fundación La Luz de las Imágenes, sostenida entre el ex director general de patrimonio Enric Cuñat (“La Luz que ciega”. Levante-EMV, 13-02-2011) y la periodista gerente de la misma Carmen D. Quintero (“La Luz es transparente”. Levante-EMV, 15-02-2011), los obispos españoles por esas mismas fechas caniculares, seguían enrocados en el postulado conservador de que “Sí los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados…” 

Argumentario reaccionario que al amparo de los artículos 206 y 304 de la Ley y Reglamento Hipotecario alienta en sentido bien opuesto al aquí propugnado, un activo programa episcopal de inmatriculaciones sobre todo tipo de construcciones de dudosa propiedad catastral, publicitado el pasado mes de julio por la prensa nacional, reproduciendo una secular estrategia urbanística de los ecónomos diocesanos, beneficiaria de los sucesivos desarrollos y ensanches contemporáneos de nuestras urbes, de una Iglesia erigida, no sobre la piedra que fue el pescador Simón Pedro, sino sobre el consagrado dogma de la plusvalía inmobiliaria.

2 comentarios:

  1. Puedes leer este texto en la web de Izquierda Socialista del PSOE:

    http://www.psoe.es/izquierdasocialista/docs/614704/page/patrimonio-eclesiastico-sagrado.html

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  2. ´Que la Iglesia conserve su patrimonio, que no es pobre´
    Azote de los «privilegios de la Iglesia», Antonio Pérez Solís preside la Associació Valenciana d´Ateus i Lliurepensadors (Avall).
    P. CERDÀ VALENCIA . Levante-EMV, 21-11-2011

    ¿Qué le parece que las administraciones públicas inviertan dinero en la restauración del patrimonio eclesiástico? ¿Y cuando la Iglesia alega valor artístico o histórico?

    Antes habría que subrayar que todo ese patrimonio se ha financiado con el dinero del pueblo aprovechándose, durante mucho tiempo, de la ignorancia de la gente. Por otro lado, si ese patrimonio lo pusieran a disposición de la sociedad, todavía tendría alguna explicación que recibieran dinero público. Pero no: sólo los feligreses tienen acceso a él y en las condiciones que marca la Iglesia. Además, la Iglesia como institución no es precisamente pobre y todos lo sabemos. Por tanto, que conserven ellos su patrimonio, que son la institución más rica del país. Es algo de sentido común: todas las creencias son respetables, pero no han de tener privilegios de las administraciones públicas.

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